Cuando se han cumplido dos años del cierre cautelar de la asociación de personas usuarias de cannabis Pannagh, la fiscalía anti-droga ha solicitado para cinco miembros de la misma penas de prisión que suman 22 años de cárcel y multas por valor de casi dos millones y medio de euros.
La fiscalía acusa a Martín Barriuso, presidente, a Igor Gaminde, tesorero, y a la secretaria de la asociación, de un “delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia”, para el que pide penas de 4 años y medio de prisión, y otro de “integración en grupo criminal”, al que correspondería otro año y medio de condena. A los tres se les ha impuesto una fianza de un millón de euros, por lo que se les embargarán todos sus bienes. A los otros dos acusados, dos socios que trabajaban en la cosecha con contrato laboral, se le acusa de tráfico de drogas y se solicita una pena de dos años y multa de 1.000 euros para cada uno.
Ante estos hechos, las personas firmantes queremos expresar públicamente lo siguiente:
La Asociación de Usuarios/as de Cannabis PANNAGH se constituyó
oficialmente como asociación sin ánimo de lucro en el año 2003. Está
formada por personas usuarias de cannabis mayores de edad, y sus
actividades están encaminadas a evitar a sus miembros los riesgos del
mercado negro y prevenir los daños asociados al uso de la planta.
Es del dominio público que Pannagh intenta crear circuitos alternativos
de abastecimiento de cannabis respetuosos con la legalidad vigente y
que permitan reducir el tráfico ilícito. Para ello lleva a cabo desde
hace años cultivos de cannabis en circuito cerrado, que en varias
ocasiones han sido declarados legales por distintos tribunales. Todas
las causas anteriores han sido sobreseídas y archivadas en resoluciones
judiciales firmes, incluyendo sendos autos de las Audiencias
Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo incluso llegado a serle
devuelta en dos ocasiones la marihuana incautada.
Creemos que el cierre de Pannagh -que ya dura dos años- y la imputación
contra varios de sus miembros es buena muestra de la inseguridad
jurídica que rodea a sus actividades, situación que la asociación viene
denunciando desde hace años ante diversas instancias, y cuya existencia
fue reconocida por el Parlamento Vasco en la resolución que dio lugar a
la creación de una ponencia para regular los Clubes Sociales de
Cannabis.
Es notorio que, desde su fundación, Pannagh ha venido desarrollando un
trabajo público en pro de la búsqueda de un marco de derechos y
obligaciones para las personas usuarias de cannabis, así como para la
obtención de una regulación integral de las actividades relacionadas con
la planta. Durante años, sus actividades han sido del conocimiento
general y toleradas de facto por los poderes públicos.
Es especialmente preocupante que se impute a tres miembros de la junta
directiva de Pannagh por integración en grupo criminal, cuando dicho
grupo es precisamente una asociación legalmente constituida y
registrada, y cuyas actividades se han desarrollado sin asomo de
clandestinidad. No solo es injusto castigar con mayor dureza a quien
intenta seguir los cauces de la legalidad, sino que puede hacer que
otros crean que es más seguro apartarse de ellos.
Sin entrar a valorar y calificar actuaciones judiciales concretas,
queremos mostrar nuestro apoyo expreso a la labor pública realizada por
las personas imputadas y, por ende, a todo el colectivo de personas
usuarias que representan. Entendemos que su labor en pro de una
regulación de los colectivos de personas usuarias de cannabis en nuestra
comunidad, y de unas políticas sociales más justas y efectivas, ha sido
positiva y constructiva.Noviembre de 2013
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